1852 - 1916

El 29 de mayo de 1852 comenzaron las deliberaciones para establecer las bases de la organización nacional. Durante estas reuniones, los representantes discutieron sobre diversos aspectos que conformarían el futuro Acuerdo de San Nicolás. Dos días después, el 31 de mayo, se firmó oficialmente este pacto por parte de trece provincias argentinas.

Las firmas del acuerdo incluyeron a las provincias de Salta, Jujuy y Córdoba poco después de la fecha inicial. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires no ratificó el documento, lo que generó tensiones políticas en ese momento histórico.

El texto definitivo del Acuerdo fue redactado por Juan Gregorio Pujol, quien fungía como secretario de Justo José de Urquiza durante este período. El documento constaba de diecinueve artículos dispositivos y uno adicional que establecía los fundamentos para la organización nacional. Entre sus disposiciones más significativas se encontraban la designación de Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, así como la ratificación del Pacto Federal de 1831.

El Acuerdo también contemplaba la convocatoria a un Congreso General Constituyente que tendría lugar en Santa Fe. Esta disposición fue particularmente controvertida, especialmente para la provincia de Buenos Aires, debido a su deseo de mantener el control sobre las decisiones políticas y económicas del país. La negativa de Buenos Aires a adherirse al Acuerdo generó un clima de tensión política que llevaría a conflictos posteriores entre esta provincia y el resto de la Confederación Argentina.

A pesar de las controversias, el Acuerdo sentó las bases para futuros cambios constitucionales en la Argentina. Su influencia se evidenció con la sanción de la Constitución de 1853, que estableció un nuevo marco legal para la organización política del país y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia argentina.

La provincia de Buenos Aires rechazó el Acuerdo de San Nicolás debido a varios artículos que consideraba desfavorables para sus intereses. En particular, se opuso al principio de igualdad entre provincias en cuanto al número de diputados y a la elección de Santa Fe como sede del Congreso General Constituyente, argumentando su incapacidad para controlar o influir sobre este evento. Asimismo, Buenos Aires rechazó el nombramiento de Urquiza como director provisorio, considerándolo un dirigente del interior que no representaba sus intereses.

La negativa de la provincia a adherirse al acuerdo provocó tensiones políticas y llevó a discusiones intensas durante junio. La Legislatura porteña formalizó su rechazo al pacto en ese período. Sin embargo, un golpe de Estado dirigido por Urquiza obligó temporalmente a Buenos Aires a aceptar el Acuerdo. No obstante, la revolución del 11 de septiembre de 1852 permitió que los opositores al acuerdo llegaran al poder y lo desconocieran oficialmente.

Posteriormente, las tensiones entre Buenos Aires y el resto de las provincias se agudizaron. La negativa de Buenos Aires a adherirse al Acuerdo marcó un punto de inflexión en la historia política argentina, desencadenando una serie de eventos que culminaron con la separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina hasta 1860.

El Acuerdo de San Nicolás tuvo dos consecuencias significativas para el futuro político de Argentina. Primero, sentó las bases para la sanción de la Constitución de 1853, que entró en vigor como ley fundamental de la Confederación Argentina. Esta nueva constitución fue aprobada el 1 de mayo de 1853 y estableció un nuevo marco político para el país.

La segunda consecuencia directa del Acuerdo fue la separación política entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que lo habían ratificado. Esta división persistió hasta 1860, cuando se produjo una batalla decisiva en Cepeda. En esta batalla, Urquiza derrotó a Bartolomé Mitre, quien lideraba la oposición en Buenos Aires, forzando así la reconciliación entre ambas partes y estableciendo un nuevo orden político nacional.

El 1 de mayo de 1854, Justo José de Urquiza asumió el cargo de presidente provisional de la Confederación Argentina, según lo estipulado por la Constitución recién promulgada. Su mandato duraría seis años y sentaría las bases para un período de mayor estabilidad política en el país.

Desde el año 1814, el territorio de la Argentina se vio sacudido por una continuidad de guerras civiles que enfrentaron a los defensores del federalismo con las posturas centralistas, usualmente vinculadas a los sectores gubernamentales de la ciudad de Buenos Aires. Este estado de beligerancia permanente privó al espacio nacional de una estructura de gobierno central desde 1820. A partir de 1831, el ordenamiento institucional quedó supeditado al esquema de la Confederación Argentina, una liga flexible de estados provinciales articulada mediante pactos e instrumentos interprovinciales. Desde 1835, el control político efectivo del país recayó en el gobernador bonaerense, Juan Manuel de Rosas, a quien se le confirió la suma del poder público, mientras la Legislatura de Buenos Aires ejercía un papel moderador escasamente perceptible.

Entre 1839 y 1840, las luchas internas alcanzaron una dimensión inédita al extenderse a la totalidad de las provincias y generar miles de víctimas. Pese a la gravedad del conflicto, Juan Manuel de Rosas logró doblegar a las facciones opositoras y afianzar su hegemonía. Incursiones posteriores en el interior impulsadas por el líder Ángel Vicente Peñaloza y las prolongadas rebeliones promovidas por la Provincia de Corrientes lograron comprometer a los territorios de la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Entre Ríos, pero fueron sofocadas hacia 1847, inaugurando una etapa de relativa estabilidad en la Confederación Argentina.

En el plano internacional de la región del Río de la Plata, la ciudad de Montevideo permanecía sitiada desde 1844 por las tropas del general Manuel Oribe, quien dominaba la casi totalidad del territorio uruguayo y reclamaba la presidencia legal de la República Oriental del Uruguay. Manuel Oribe disponía de auxilio militar y pertrechos brindados por Juan Manuel de Rosas, incluyendo contingentes de las fuerzas armadas argentinas en las operaciones del sitio. La resistencia de los defensores montevideanos fue posibilitada por el bloqueo naval que Gran Bretaña y Francia mantuvieron sobre el Río de la Plata, lo que impedía el libre desplazamiento de las unidades navales rosistas.

Esta situación de estancamiento comenzó a destrabarse hacia fines de la década de 1840. Al constatarse la neutralización de los focos opositores a Juan Manuel de Rosas en el interior argentino, las autoridades británicas dudaron de la efectividad de mantener la presión militar. Dado el fluido intercambio comercial existente, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda suscribió en noviembre de 1848 el Tratado Arana-Southern, disponiendo el levantamiento unilateral del bloqueo. Posteriormente, el mandatario francés Napoleón III ordenó la firma del Tratado Arana-Leprédour en enero de 1850, formalizando una medida similar. Con estos acuerdos, la ciudad de Montevideo quedó aislada, circunstancia que Juan Manuel de Rosas aprovechó para intensificar la presión mediante la prohibición total del comercio con dicho puerto.

La interrupción del tráfico mercantil con Montevideo perjudicó directamente los intereses económicos de la Provincia de Entre Ríos y de su propio gobernador, el general Justo José de Urquiza. A la par de sus pérdidas materiales, Justo José de Urquiza juzgaba indispensable iniciar un proceso de renovación política y sanción constitucional, habiendo recibido diversas propuestas de alianza por parte de sectores del Partido Unitario exiliados. Simultáneamente, el Imperio del Brasil percibió que la eventual caída de Montevideo bajo el dominio de un aliado de Juan Manuel de Rosas amenazaba su influencia comercial y estratégica en la cuenca platense. Ante el clima de hostilidad con las autoridades imperiales, Juan Manuel de Rosas procedió a nombrar a Justo José de Urquiza al frente de un Ejército de Observación destinado a operar frente a una posible contienda con Brasil.

Sin embargo, el gobernador entrerriano utilizó dichas fuerzas para estructurar su plan político. Interpretando que la preparación militar constituía una maniobra de Juan Manuel de Rosas para dilatar la organización constitucional, Justo José de Urquiza entabló negociaciones secretas con representantes del gobierno de Montevideo y del Imperio del Brasil. Tras consolidar su alianza con el gobernador de la Provincia de Corrientes, Benjamín Virasoro —proceso que incluyó la captura y ejecución del presidente del congreso provincial correntino—, ambos líderes priorizaron la apertura de la navegación fluvial y el reclamo de participaciones sobre la Aduana de Buenos Aires. Para garantizar el financiamiento de la campaña, Justo José de Urquiza obtuvo los recursos financieros requeridos mediante gestiones del Barón de Mauá, destacado banquero brasileño respaldado por el propio emperador Pedro II.

El 1 de mayo de 1851, desde la localidad de Concepción del Uruguay, se formalizó el denominado Pronunciamiento de Urquiza. La Legislatura de Entre Ríos aceptó las reiteradas renuncias presentadas por Juan Manuel de Rosas a la conducción de la Confederación Argentina, reasumiendo la provincia el manejo directo de su política exterior y sus atribuciones bélicas. Asimismo, se sustituyó el lema oficialista en la documentación pública por la consigna favor de la organización nacional. Días más tarde, la Provincia de Corrientes sancionó disposiciones análogas, permitiendo a Justo José de Urquiza movilizar una fuerza montada de más de diez mil jinetes entrerrianos. Mientras la prensa de Buenos Aires y los gobernadores de las demás provincias condenaron la acción calificando al líder entrerriano de traidor y nombrando a Juan Manuel de Rosas como Jefe Supremo de la Nación, ninguna de las administraciones provinciales envió tropas para contener la sublevación. Por su parte, el gobernador bonaerense reaccionó de manera burocrática y expectante ante el avance de los acontecimientos.

A finales de mayo de 1851, se formalizó un pacto tripartito entre la Provincia de Entre Ríos, el gobierno asentado en Montevideo y el Imperio del Brasil. El tratado contemplaba la expulsión de las fuerzas del general Manuel Oribe del territorio uruguayo, la convocatoria a elecciones generales en dicho país y el compromiso de auxilio mutuo en caso de que Juan Manuel de Rosas declarara la guerra a cualquiera de los firmantes. Adicionalmente, el documento estipulaba la cesión de la región de las Misiones a la soberanía brasileña y planteaba la posibilidad de constituir un nuevo estado con las provincias del litoral fluvial.

En julio de 1851, Justo José de Urquiza al frente de más de seis mil hombres integrados por contingentes entrerrianos y tropas correntinas comandadas por José Antonio Virasoro, penetró en la República Oriental del Uruguay. A las fuerzas expedicionarias se sumaron efectivos conducidos por el general Eugenio Garzón, provocando la deserción masiva de contingentes del bando de Manuel Oribe. Paralelamente, tropas del ejército brasileño traspasaron la frontera norte del territorio oriental, hecho que motivó a Juan Manuel de Rosas a declarar la guerra al Imperio del Brasil.

La contienda en suelo uruguayo se resolvió de forma pacífica al quedar las unidades de Manuel Oribe desprovistas de auxilio efectivo. El 8 de octubre de 1851 se celebró un pacto que dispuso el levantamiento del sitio de Montevideo y la renuncia de Manuel Oribe sin que se produjeran enfrentamientos armados. El gobierno uruguayo debió ser asumido por Eugenio Garzón, pero su repentino fallecimiento derivó en la designación de Juan Francisco Giró. Como contrapartida por la intervención, el Imperio del Brasil impuso la firma de acuerdos diplomáticos mediante los cuales la República Oriental del Uruguay cedió una franja territorial septentrional ocupada por hacendados brasileños y otorgó al imperio el derecho de intervención en la política interna uruguaya en calidad de garante institucional.

Tras la capitulación de las fuerzas sitiadoras, Justo José de Urquiza permitió la repatriación de los jefes militares porteños, pero dispuso la incorporación forzosa de la tropa al servicio del constituido Ejército Grande, colocándola bajo las órdenes de oficiales del Partido Unitario. Esta gran masa armada quedó compuesta por cerca de veintisiete mil combatientes, integrados por contingentes argentinos, unidades regulares brasileñas y efectivos uruguayos, al tiempo que una reserva de diez mil hombres permaneció estacionada en Colonia del Sacramento bajo la denominación de Ejército Chico. En ese mismo período, el ejército de Juan Manuel de Rosas contabilizaba aproximadamente veinticinco mil soldados.

De regreso en la Provincia de Entre Ríos a finales de octubre de 1851, Justo José de Urquiza constató la retirada previa del coronel Hilario Lagos, quien había abandonado la provincia con las tropas fieles al gobierno de Buenos Aires. En noviembre, los gobiernos de la Provincia de Entre Ríos, la Provincia de Corrientes, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil formalizaron la declaración de guerra contra Juan Manuel de Rosas. El imperio otorgó un crédito de cien mil patacones —asumido como deuda nacional argentina—, dos mil espadas y suministro de pertrechos, sumado al envío de cuatro mil efectivos mandados por el general Manuel Marques de Sousa y la disponibilidad de doce mil reservistas en la costa oriental.

Las fuerzas provinciales se concentraron en el campamento del Calá y marcharon hacia el puerto de Punta Gorda en Diamante. Entre la víspera de la Navidad de 1851 y el 6 de enero de 1852, el Ejército Grande ejecutó el cruce del Río Paraná. El transporte de la infantería y la artillería se realizó mediante la flota de guerra del Imperio del Brasil, mientras los escuadrones de caballería atravesaron el curso fluvial a nado. El desembarco se efectuó en la localidad de Coronda.

Ante la inminencia del avance enemigo, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Pascual Echagüe, replegó sus tropas con la intención de unirse al general Ángel Pacheco, quien comandaba una división estacionada en San Nicolás de los Arroyos. Sin embargo, la sublevación de los efectivos santafesinos facilitó la toma pacífica de la provincia; Justo José de Urquiza promovió la asunción de Domingo Crespo como nuevo gobernador, mientras el general Juan Pablo López asumió el mando de las fuerzas locales incorporadas al Ejército Grande. Asimismo, las tropas que obedecían al general Lucio Norberto Mansilla en Rosario se plegaron al bando aliador, obligando a Pascual Echagüe, Ángel Pacheco y Lucio Norberto Mansilla a retirarse en dirección al sur.

Durante el despliegue del Ejército Grande hacia territorio bonaerense, se registró un grave episodio de insubordinación cuando un regimiento completo integrado por antiguos soldados porteños se sublevó, ajusticiando a su comandante, el coronel unitario Pedro León Aquino, y a la totalidad de su oficialidad para pasarse a las filas rosistas. En la capital, Juan Manuel de Rosas nombró comandante en jefe a Ángel Pacheco, pero comenzó a impartir órdenes paralelas a Hilario Lagos. Ante la interferencia en las cadenas de mando y alegando problemas de salud, Ángel Pacheco dimitió a su cargo y se retiró a su propiedad particular. Juan Manuel de Rosas asumió el mando directo de las tropas desde su campamento en Santos Lugares, omitiendo la preparación de defensas en la capital o la elección de un terreno estratégico. El 29 de enero de 1852, una avanzada defensiva de seis mil jinetes al mando de Hilario Lagos fue derrotada por unidades de caballería del Ejército Grande lideradas por los generales Juan Pablo López y Miguel Gerónimo Galarza en los Campos de Álvarez.

En la mañana del 3 de febrero de 1852, las fuerzas de la Confederación Argentina se desplegaron en los terrenos de la estancia de la familia Caseros —sitio donde posteriormente se emplazaría el Colegio Militar de la Nación— contando con una dotación de diez mil infantes, doce mil hombres de caballería y sesenta piezas de artillería. Acompañaban a Juan Manuel de Rosas oficiales como Jerónimo Costa, Hilario Lagos y Martiniano Chilavert, un antiguo militar unitario que había decidido incorporarse al ejército rosista para no combatir junto a tropas extranjeras. Por su parte, el Ejército Grande presentó en el campo de batalla al menos veinticuatro mil hombres, incluyendo tres mil quinientos soldados del Imperio del Brasil, mil quinientos efectivos de la República Oriental del Uruguay y contingentes conducidos por figuras del ámbito político argentino como Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento.

Previo al choque de las líneas, Justo José de Urquiza dirigió una proclama a sus tropas instándolas a combatir por la libertad y la gloria. El enfrentamiento se extendió por un lapso de seis horas, iniciándose alrededor de las nueve de la mañana y concluyendo cerca de las tres de la tarde. A pesar del número de combatientes involucrados, la cifra total de bajas resultó reducida, contabilizándose unos pocos cientos de muertos en el campo de batalla. La conducción táctica de los aliados careció de una dirección unificada, ejecutando Justo José de Urquiza una embestida al frente de la caballería entrerriana contra el flanco izquierdo de las posiciones rosistas.

En el ala opuesta, la infantería del Imperio del Brasil, respaldada por una brigada de la República Oriental del Uruguay y un escuadrón de caballería, logró capturar la edificación circular conocida como el Palomar de Caseros. Con la desintegración de ambos flancos, la resistencia del ejército de la Confederación Argentina quedó circunscrita al sector central, entablándose un duelo de fusilería y artillería sostenido por la infantería conducida por el oficial Díaz y la batería al mando de Martiniano Chilavert. Al agotarse sus municiones, Martiniano Chilavert ordenó recolectar los proyectiles detonados por el enemigo a su alrededor para continuar los disparos, hasta que el avance de la infantería brasileña quebró el último punto defensivo.

Concluida la batalla, Martiniano Chilavert permaneció al pie de las piezas de artillería hasta ser conducido a presencia de Justo José de Urquiza. Durante el interrogatorio, el jefe vencedor le increpó su cambio de bando, a lo que Martiniano Chilavert replicó acusándolo de haber incurrido en traición al aliarse con el Imperio del Brasil para atacar a la patria. Justo José de Urquiza dictaminó su ejecución por la espalda; no obstante, al momento de llevarse a cabo la sentencia, el prisionero se resistió físicamente exigiendo recibir los disparos de frente, siendo finalmente ultimado a bayonetazos y golpes por las tropas de custodia.

Herido de bala en una mano durante las acciones defensivas, Juan Manuel de Rosas se retiró del campo de batalla hacia la ciudad de Buenos Aires. Asentado en el predio conocido como el Hueco de los Sauces —actual Plaza Garay—, redactó su renuncia formal a la gobernación dirigida a la Legislatura de Buenos Aires. Acto seguido, solicitó el amparo del cónsul del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Robert Gore, e ingresó a la fragata británica Centaur para trasladarse en calidad de exiliado hacia suelo británico.

En la capital viraron rápidamente las condiciones de orden público tras la llegada de los primeros dispersos cerca del mediodía del 3 de febrero. Ante el vacío de poder, diversos grupos iniciaron saqueos sobre establecimientos comerciales y propiedades particulares. El general Lucio Norberto Mansilla se vio imposibilitado de contener los desórdenes debido a la disolución de los batallones de guardias nacionales, autorizando el desembarco de contingentes navales de potencias extranjeras para resguardar las sedes diplomáticas y la vida de los ciudadanos residentes. Los desmanes se prolongaron hasta el 5 de febrero, fecha en que tres batallones enviados por Justo José de Urquiza ingresaron a la urbe para restablecer la disciplina social. Cumpliendo con los compromisos financieros y militares pactados con las fuerzas aliadas, el mando vencedor permitió que tropas del Imperio del Brasil ejecutaran actos de saqueo en la ciudad durante tres jornadas.

Quince días después del choque armado, Justo José de Urquiza efectuó su entrada triunfal en la ciudad de Buenos Aires montando el caballo de batalla de Juan Manuel de Rosas. Poco después, se designó al presidente del Tribunal Superior de Buenos Aires, Vicente López y Planes, como gobernador interino de la provincia. En paralelo, las fuerzas victoriosas aplicaron medidas punitivas contra los vencidos: la totalidad de los sobrevivientes del Regimiento de Aquino fueron ejecutados sin proceso judicial y colgados en los jardines de la residencia de Palermo de San Benito. En las semanas subsecuentes, los tribunales procesaron y condenaron a muerte a los integrantes de los cuerpos represivos del régimen rosista conocidos como La Mazorca, entre ellos los dirigentes Ciriaco Cuitiño y Leandro Antonio Alén.

En el plano nacional, la caída de Juan Manuel de Rosas posicionó a Justo José de Urquiza como la principal figura política del país. El jefe entrerriano convocó a los mandatarios provinciales a la firma del Acuerdo de San Nicolás, instrumento que dispuso la reunión de un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe. Las deliberaicones de dicho asamblea culminaron al año siguiente con la sanción de la Constitución Argentina de 1853, texto que fijó las bases normativas e institucionales de la República Argentina. No obstante, el periodo de conflictos internos continuó abierto en las décadas posteriores, registrándose nuevas guerras civiles hasta la consolidación definitiva del estado hacia 1880.

La Constitución argentina de 1853 surgió en un contexto político complejo marcado por tensiones regionales y aspiraciones unitarias. En los años que precedieron a su elaboración, Argentina experimentó múltiples intentos constitucionales que buscaban establecer una estructura legal sólida para el país recién independiente. Estos esfuerzos comenzaron apenas declarada la soberanía en 1810 y continuaron con proyectos como la Asamblea del Año XIII, convocada en 1812 pero que no pudo dictar una constitución debido a conflictos internos.

Juan Bautista Alberdi jugó un papel crucial al presentar sus "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" en abril de 1852, justo antes del inicio de las deliberaciones de la Convención Constituyente. Este trabajo sentó los cimientos ideológicos para el texto constitucional que se estaba por escribir, destacándose sobre todo su lema "gobernar es poblar", enfatizando la necesidad de un crecimiento demográfico y económico del país.

En este clima político, la batalla de Caseros en 1852 marcó el fin del dominio porteño sobre los asuntos nacionales, favoreciendo a Justo José de Urquiza. Este evento impulsó la convocatoria al Congreso Constituyente que se llevó a cabo en Santa Fe y culminó con la sanción de la Constitución argentina el 1 de mayo de 1853.

El Congreso General Constituyente que redactó la Constitución argentina de 1853 estuvo compuesto por representantes designados por trece provincias, excluyendo a Buenos Aires. Cada provincia envió dos delegados al congreso, lo cual garantizaba una participación equitativa en el proceso constitucional. Entre los destacados convencionales se encontraban Dalmacio Vélez Sársfield y Valentín Alsina de Buenos Aires, quienes desempeñaron un papel crucial en la negociación y aprobación del texto final.

El 20 de noviembre de 1852 comenzó el trabajo formal del congreso constituyente en Santa Fe. Durante las sesiones, los convencionales debatieron intensamente sobre el modelo político que mejor se adaptaría al contexto argentino, tomando como referentes tanto la Constitución de Estados Unidos como las ideas de Juan Bautista Alberdi. Estos debates culminaron con la aprobación del texto constitucional que establecía un sistema federal y republicano.

Justo José de Urquiza jugó un papel fundamental en el proceso, no solo como director provisional sino también como figura política central que facilitó las condiciones para la realización del Congreso Constituyente. Su liderazgo fue crucial para superar las divisiones regionales y lograr la aprobación del texto constitucional.

El 1 de mayo de 1853, Urquiza promulgó formalmente la nueva Constitución en Santa Fe, sentando así las bases legales para el funcionamiento del Estado argentino bajo un marco jurídico que buscaba equilibrar los intereses regionales y establecer una estructura republicana con divisiones de poder.

En abril de 1852, Justo José de Urquiza convocó a una reunión con representantes provinciales para discutir la necesidad de un Congreso Constituyente. Esta decisión surgió tras la derrota de Buenos Aires en la batalla de Caseros y el desafío que suponía la hegemonía porteña sobre el resto del país. La convocatoria a este congreso se realizó formalmente mediante una circular enviada a las provincias, lo cual sentó las bases para la elaboración de la Constitución.

El 29 de mayo de ese mismo año, Urquiza celebró una reunión definitiva en San Nicolás de los Arroyos. En esta sesión, que duró dos días, se acordó el texto del acuerdo de San Nicolás, por el cual Urquiza asumía la dirección provisional de la Confederación y se convocaba al Congreso Constituyente para agosto. Cada provincia enviaría dos representantes a este congreso, lo que garantizaba una participación equitativa en la elaboración del texto constitucional.

El Congreso General Constituyente se reunió finalmente en Santa Fe en noviembre de 1852 y comenzó el trabajo de redacción de la nueva Constitución. Los convencionales trabajaron bajo la influencia directa de las “Bases” de Juan Bautista Alberdi, un documento crucial que proporcionaba orientación para la organización política de la República Argentina. Este texto fue fundamental en la formulación del modelo federal y republicano adoptado por el congreso.

El 1 de mayo de 1853, Justo José de Urquiza promulgó la Constitución recién elaborada, sentando así las bases para un sistema político basado en el federalismo y la división de poderes.

El Congreso General Constituyente que redactó la Constitución argentina de 1853 reunió a representantes designados por trece provincias, excluyendo a Buenos Aires. El texto constitucional fue sancionado el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza, quien entonces fungía como director provisional de la Confederación Argentina. La Constitución adoptó un modelo republicano con división de poderes y sistema presidencialista, inspirándose en la estructura política estadounidense y los principios del liberalismo clásico.

Esta constitución estableció una federación de provincias autónomas que poseían sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Congreso Nacional estaba compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados, representando a la población en general, y la Cámara de Senadores, donde cada provincia tenía una igual representación. Este diseño buscaba un equilibrio entre las necesidades regionales y el interés nacional.

La Constitución argentina de 1853 ha sido objeto de numerosas críticas debido a su estructura federal y al intento de aplicar un modelo extranjero en circunstancias históricas únicas. Sin embargo, la importancia del proyecto fue incuestionable, influyendo significativamente en las discusiones políticas posteriores. Desde 1983, tras el retorno a la democracia, la Constitución de 1853 ha regido plenamente con varias reformas adicionales hasta la actualidad.

El Congreso General Constituyente que aprobó la Constitución de 1853, reunido en Santa Fe, representaba a trece provincias argentinas, excluyendo a Buenos Aires. La ausencia de esta provincia significaba un desafío para establecer una estructura legal nacional unificada y equilibrada. Justo José de Urquiza, quien entonces fungía como director provisional de la Confederación Argentina, promulgó el texto constitucional el 1 de mayo de 1853.

La Constitución adoptó un modelo republicano con división de poderes inspirado en los principios del liberalismo clásico y la estructura política estadounidense. Estableció un sistema presidencialista que limitaba al Poder Ejecutivo mediante un congreso bicameral, diseñado para equilibrar la representación poblacional con la igualitaria de las provincias. Este modelo federativo pretendía garantizar la autonomía provincial mientras se mantenía una estructura nacional unificada.

La eficacia práctica del sistema propuesto por la Constitución de 1853 fue objeto de debate desde su implementación. Críticos argumentaron que el modelo, basado en experiencias extranjeras, no correspondía a las circunstancias únicas de Argentina y carecía de efectividad real. A pesar de estas críticas, la Constitución jugó un papel fundamental en los debates políticos posteriores.

La Constitución de 1853 tuvo vigencia continua hasta 1930, cuando un golpe de Estado interrumpió el proceso constitucional. Desde entonces, sucesivos regímenes militares han alterado la continuidad del sistema político fundado en esta ley fundamental. Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 1983, la Constitución ha rige plenamente con las reformas realizadas hasta 1994.

La Constitución argentina de 1853 fue aprobada por representantes de trece provincias argentinas entonces existentes, excluyendo a Buenos Aires. Esta ausencia significaba un desafío para establecer una estructura legal nacional unificada y equilibrada. El texto constitucional fue sancionado el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza, quien fungía como director provisional de la Confederación Argentina.

La Constitución adoptó un modelo republicano con división de poderes y sistema presidencialista, inspirándose en la estructura política estadounidense y los principios del liberalismo clásico. Estableció una federación de provincias autónomas, cada una con sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con facultades exclusivas y compartidas con el Estado nacional.

Desde su promulgación hasta 1930, la Constitución de 1853 tuvo vigencia continuada, con varias reformas realizadas en los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Sin embargo, su efectividad fue interrumpida por golpes de Estado que derrocaron gobiernos constitucionales entre 1930 y 1983. Desde el 10 de diciembre de 1983 rige plenamente la Constitución de 1853, con las modificaciones mencionadas anteriormente.

Desde fines de 1852, la Argentina estuvo dividida en dos estados separados: la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Esta división surgió tras la negativa del gobierno porteño a refrendar el Acuerdo de San Nicolás y a participir en la sanción de la Constitución Argentina de 1853.

La fragmentación política puso en serios aprietos a la Confederación, ya que Buenos Aires controlaba la principal fuente de ingresos del país, la Aduana. Además, las relaciones internacionales favorecían al Estado de Buenos Aires debido a su mayor relevancia como centro urbano y comercial.

El gobierno porteño contó con el apoyo de aliados en provincias como Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Tucumán y San Juan. Sin embargo, la tensión entre ambos estados culminó tras un breve conflicto que incluyó la batalla decisiva de Cepeda, celebrada el 23 de octubre de 1859.

La victoria de la Confederación en esta batalla marcó un punto de inflexión para las negociaciones futuras entre ambas partes.

Mientras la prensa porteña y el gobernador Valentín Alsina proferían insultos contra los federales, convocando al pueblo a la defensa a toda costa de la capital, el general vencido Bartolomé Mitre retrocedió con su infantería hasta la ciudad.

El presidente Justo José de Urquiza tenía instrucciones del Congreso Nacional para incorporar a Buenos Aires por la fuerza. Sin embargo, tras la batalla de Cepeda, optó por iniciar negociaciones pacíficas. Durante su avance hacia la capital, Urquiza emitió una proclama en la que anunciaba su disposición a iniciar las conversaciones.

Las negociaciones se llevaron a cabo bajo los auspicios del general paraguayo Francisco Solano López, quien actuó como mediador entre ambas partes. El 9 de noviembre comenzaron intensas reuniones para discutir los términos del acuerdo.

El 9 de noviembre comenzaron intensas reuniones para discutir los términos del acuerdo. El día 11, finalmente, se firmó el Pacto y se canjearon los prisioneros de guerra. Las cláusulas más significativas incluían la aceptación por parte del Estado de Buenos Aires de la Constitución Nacional de 1853 y su adhesión a la Confederación Argentina. El acuerdo fue firmado por Juan Bautista Peña y Carlos Tejedor, representantes del Estado de Buenos Aires; Tomás Guido, Daniel Aráoz y Juan Esteban Pedernera, por la Confederación; y el general paraguayo Francisco Solano López como mediador.

La firma del Pacto de San José de Flores marcó un hito en las relaciones entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. El acuerdo establecía la adhesión formal de Buenos Aires a la Constitución Nacional, reconociendo así su integridad territorial y garantizando que cualquier división futura requeriría consentimiento provincial.

Tras la firma del Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires convocó a una Convención Constituyente conforme a sus leyes electorales. Esta asamblea propuso varias modificaciones a la Carta Magna con el objetivo de facilitar la integración política y económica entre la provincia y la Confederación Argentina.

Entre las reformas menores, se eliminaron expresiones arcaicas como "ejecuciones a lanza y cuchillo" y se sustituyó la denominación "Confederación Argentina" por "Nación Argentina". Además, se derogó el requisito de que el Congreso aprobara las constituciones provinciales para su entrada en vigor, lo cual otorgaba mayor autonomía a estas. Se eximió al Banco de la Provincia de Buenos Aires del pago de impuestos nacionales y se modificaron los procedimientos para las intervenciones federales.

Una reforma significativa fue el cambio en el artículo que establecía que «las autoridades que ejercen el Gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara capital de la Confederación por una ley especial». Este texto fue reemplazado por uno que indicaba: «la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse».

Estas modificaciones fueron aprobadas y ratificadas tanto por Buenos Aires como por el resto de las provincias, sentando así un nuevo marco legal para la integración nacional

A pesar de las reformas constitucionales aprobadas en 1860, persistieron conflictos que amenazaban la estabilidad política. Los liberales radicales en San Juan desafiaron al gobierno central tras el asesinato de su gobernador José Antonio Virasoro, lo que llevó al general Juan Saá a invadir y ocupar la provincia, ejecutando al nuevo mandatario Antonino Aberastain. Este incidente exacerbó las tensiones existentes.

Además, la provincia de Buenos Aires ignoró el acuerdo del Pacto al elegir sus representantes en el Congreso según su propia ley provincial, en lugar de seguir los procedimientos estipulados por la Constitución nacional. El rechazo del Congreso a reconocer estos diplomas provocó que Bartolomé Mitre declarara la ruptura con el gobierno central y negara la autoridad del presidente Derqui.

La crisis culminó con una nueva guerra civil, en la cual los porteños obtuvieron una victoria decisiva en la batalla de Pavón. Este triunfo permitió a Mitre asumir efectivamente el control del poder nacional tras derrocar al gobierno federal liderado por Derqui.

Tras esta victoria, las provincias federadas del interior fueron invadidas y la Confederación Argentina quedó formalmente disuelta, dando paso a una nueva etapa política en la que los porteños asumieron el control del país.

Desde el inicio de la independencia argentina en la década de 1810, las provincias argentinas estaban divididas sobre la forma de organización política que debía adoptar la nueva nación. Los partidarios del federalismo, liderados por caudillos provinciales y los gauchos, se oponían a una estructura unitaria propuesta por las clases altas porteñas, quienes aspiraban a un Estado centralizado bajo el Partido Unitario.

La lucha entre ambas posturas obstaculizó la creación de una constitución durante más de cuatro décadas. La derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros en 1852 marcó el fin del dominio porteño y sentó las bases para la adopción de la Constitución federal de 1853, que estableció un sistema de gobierno basado en la autonomía provincial y la capitalización de Buenos Aires.

Sin embargo, esta no fue la paz definitiva. La provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo del Partido Unitario, continuó resistiéndose a los términos impuestos por la Constitución de 1853, particularmente en relación con su pérdida de poder económico y político frente al resto del país. Este desacuerdo llevó a una nueva confrontación armada que culminó con el Pacto de San José de Flores en noviembre de 1859, donde Buenos Aires se comprometió a revisar la Constitución nacional para proponer las modificaciones necesarias antes de su adhesión definitiva.

Los artículos 2 a 5 del Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, establecieron que en un plazo de veinte días la provincia de Buenos Aires convocaría a elecciones para formar una Convención Provincial Revisora. Esta asumió sus funciones el 3 de enero de 1860 y concluyó su trabajo el 12 de mayo del mismo año, seis meses después del pacto. La demora generó protestas al gobierno de la Confederación Argentina.

El 25 de diciembre de 1859 se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los representantes que integrarían la Convención Provincial Revisora. Se seleccionaron 75 convencionales, aunque finalmente asumieron solo 68. La Convención inició sus sesiones preparatorias el 5 de enero y comenzó oficialmente el día siguiente, discutiendo hasta mayo propuestas que incluían la pérdida de la Ciudad de Buenos Aires, la distribución de las rentas aduaneras y los límites a la autonomía provincial.

Durante su trabajo, la Convención identificó varios temas problemáticos en la Constitución de 1853. Entre ellos estaban el nombre del país, la nacionalidad basada en ius sanguinis o ius soli, costos de educación gratuita, abolición de la esclavitud y libertad de prensa. La Convención aprobó las reformas propuestas por la Comisión Examinadora el 12 de mayo de 1860, concluyendo así su labor.

Bartolomé Mitre, tras asumir como gobernador del Estado de Buenos Aires, presionó a Santiago Derqui, presidente de la Confederación Argentina, para alcanzar un acuerdo que resolviera las tensiones entre ambas entidades. Este esfuerzo culminó con el Convenio Complementario firmado el 6 de junio de 1860.

El convenio estableció que la provincia de Buenos Aires mantendría su control sobre la aduana local, una demanda central para Mitre y sus partidarios. A cambio, se acordó que la provincia entregaría sumas fijas al gobierno nacional, garantizando así un flujo constante de ingresos para la Confederación.

Este acuerdo sentó las bases para la integración formal de Buenos Aires a la federación argentina, facilitando la adhesión del estado porteño al texto constitucional y disipando tensiones que habían persistido desde la década de 1810.

La Convención Provincial Revisora propuso una serie de reformas a la Constitución de 1853, incluyendo la ley 234, que estableció importantes cambios en el sistema económico y político del país. Esta ley buscaba regular los impuestos a las exportaciones, un tema que había sido objeto de debate intenso debido al desacuerdo sobre quién debería percibir estos ingresos. La Comisión Examinadora recomendó inicialmente que los derechos de exportación fueran recaudados por las provincias donde se producía la actividad económica, en lugar del gobierno nacional. Sin embargo, ante la preocupación de varios miembros de la Convención sobre el impacto financiero para la Nación, se llegó a un compromiso: la supresión gradual de estos impuestos, lo que implicaba su eliminación completa desde 1866.

La ley 234 fue una pieza clave en las negociaciones entre Buenos Aires y el resto del país, ya que buscó equilibrar los intereses económicos de ambas partes. Aunque la Convención Provincial Revisora aprobó estas reformas, no todos estuvieron de acuerdo con su contenido, lo cual reflejaba las profundas divisiones existentes en ese momento sobre cómo estructurar la economía y el gobierno del país.

El 12 de mayo de 1860, la Convención Provincial Revisora concluyó sus tareas, sellando así un período crucial para la reforma constitucional argentina. La aprobación de la ley 234 fue uno de los muchos cambios propuestos que buscaban resolver las tensiones existentes entre Buenos Aires y el resto del país, sentando las bases para su eventual integración como provincia a la federación argentina.

La Convención Provincial Revisora, tras su labor de análisis y propuesta de reformas a la Constitución de 1853, decidió convocar a una Convención Nacional Constituyente Ad Hoc para tratar las modificaciones sugeridas. Esta nueva asamblea se reuniría con el objetivo de revisar y aprobar los cambios propuestos por Buenos Aires, que buscaban ajustar la estructura política del país a sus necesidades específicas. Entre las principales cuestiones planteadas estaban la autonomía provincial frente al poder central, la distribución de ingresos aduaneros y la capitalización de Buenos Aires.

El 6 de junio de 1860, el Convenio Complementario firmado entre Mitre y Derqui facilitó la integración formal de Buenos Aires a la federación argentina. Este acuerdo permitió que la provincia pudiera adherirse al texto constitucional con ciertas condiciones propias, como mantener su control sobre la aduana local. Las reformas sugeridas por la Convención Provincial Revisora fueron enviadas para ser discutidas y ratificadas en esta nueva convocatoria nacional.

La reunión de la Convención Nacional Constituyente Ad Hoc tuvo lugar entre mayo y julio de 1860, donde se aprobaron las modificaciones a la constitución original. Estas reformas incluían cambios significativos en el sistema económico del país, con una propuesta que buscaba regular los impuestos a las exportaciones y su gradual supresión desde 1866. La Convención Nacional Constituyente Ad Hoc concluyó sus sesiones ratificando la adhesión de Buenos Aires al texto constitucional, sentando así un precedente importante para futuras reformas estatutarias.

La Convención Provincial Revisora propuso una serie de modificaciones a la Constitución de 1853, buscando ajustar el texto legal para las necesidades específicas de Buenos Aires. Entre los cambios más significativos estuvo la supresión gradual del impuesto a las exportaciones, que se eliminó completamente desde 1866. Esta medida pretendía redistribuir ingresos entre provincias y Nación, aunque generó debate sobre su impacto financiero para el Estado nacional.

La reforma también abordó temas como la autonomía provincial frente al poder central y la capitalización de Buenos Aires. Los convencionales aprobaron cambios que limitaban las facultades del gobierno nacional para intervenir en las provincias, controlar sus constituciones o juzgar a autoridades provinciales. Además, se prohibió al gobierno nacional dictar leyes sobre libertad de prensa y se reconoció la existencia de derechos y garantías implícitos en la soberanía popular.

El 12 de mayo de 1860, tras seis meses de trabajo, la Convención Provincial Revisora concluyó sus tareas, preparando el camino para que las modificaciones propuestas fueran examinadas por una nueva asamblea constitucional.

La Convención Provincial Revisora, tras meses de deliberaciones intensas, llegó a un acuerdo sobre las principales reformas propuestas. El 12 de mayo de 1860, la asamblea votó para aprobar estas modificaciones sin debate alguno, en una ceremonia que se llevó a cabo de manera casi unánime y por aclamación. Esta decisión permitió avanzar hacia la integración formal de Buenos Aires al marco constitucional federal.

Los miembros de la Convención reconocieron la necesidad de ajustar ciertos aspectos del texto constitucional para adaptarlo a las circunstancias específicas de Buenos Aires, pero también tomaron en cuenta los intereses generales de la Confederación Argentina. Entre las reformas acordadas se incluyeron cambios significativos relacionados con el sistema económico y político del país.

La sesión final de la Convención Provincial Revisora concluyó formalmente la tarde del 12 de mayo, cuando sus miembros firmaron los documentos que oficializaban su trabajo. Este acto sentó las bases para la posterior reunión de la Convención Nacional Constituyente Ad Hoc convocada para tratar y aprobar definitivamente las reformas propuestas por Buenos Aires.

La batalla de Pavón tuvo sus raíces en un conflicto político y militar prolongado que dividió a Argentina durante gran parte del siglo XIX. Federales y unitarios, dos corrientes políticas enfrentadas, lucharon por el control del país con intensidad variable pero constante. Aunque la segunda batalla de Cepeda (1859) y el pacto de San José de Flores (1860) habían logrado una reconciliación nominal entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, esta paz fue efímera debido a las profundas diferencias que persistían entre ambos bandos.

Terminada su presidencia en 1860, Justo José de Urquiza entregó el poder al abogado cordobés Santiago Derqui. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires eligió gobernador a Bartolomé Mitre, quien había enfrentado con éxito a Urquiza en la batalla de Cepeda un año antes. La elección de Mitre fue vista como una provocación por parte del gobierno nacional, ya que los diputados elegidos fueron rechazados por el Congreso Nacional y los senadores se retiraron en solidaridad con ellos.

La tensión entre ambos bandos aumentó cuando Derqui dictó un decreto para nuevas elecciones en Buenos Aires, pero las autoridades provinciales declararon caduco el Pacto de San José. El Congreso consideró este acto como una provocación y nombró a Urquiza jefe del ejército nacional con la misión de someter a la provincia rebelde. Por su parte, Mitre se puso al frente del ejército porteño que comenzó su concentración en Rojas en junio de 1861.

El choque definitivo entre ambas fuerzas ocurrió el 17 de septiembre de 1861 cuando las tropas federales y unitarias se enfrentaron en la batalla de Pavón, ubicada al sur de Santa Fe.

El 17 de septiembre de 1861, las fuerzas enfrentadas chocaron en las orillas del arroyo Pavón. Justo José de Urquiza dispuso sus tropas en una posición defensiva al este y oeste de la estancia Los Naranjos, con la caballería colocada en las alas.

A 800 metros del campo de batalla, Bartolomé Mitre desplegó a su infantería para preparar el asalto. Sin embargo, fue la artillería confederal quien abrió fuego primero, causando graves bajas entre los soldados porteños debido a la visibilidad de sus uniformes.

El combate irregular duró solo dos horas y resultó en una victoria decisiva para Urquiza. La caballería del Primer Cuerpo porteño, liderada por Venancio Flores, fue derrotada completamente y perseguida hasta más allá del Arroyo del Medio. Mientras tanto, la caballería del Segundo Cuerpo, dirigida por Manuel Hornos, ofreció mayor resistencia, pero finalmente se retiró dejando equipo y prisioneros a los federales.

El ala derecha de Urquiza, bajo el mando de Miguel Galarza, también tuvo éxito, aplastando la caballería del ala izquierda porteña.

La batalla de Pavón sentó un precedente significativo en los conflictos internos argentinos. A diferencia de Cepeda y Caseros, Pavón marcó el final efectivo de la Confederación Argentina, con la provincia de Buenos Aires asumiendo una posición dominante en la política nacional. Tras su victoria, Bartolomé Mitre aprovechó la inacción estratégica de Justo José de Urquiza para reagrupar y avanzar sus tropas hacia Santa Fe, donde encontraron poca oposición.

Después del combate, los federales quedaron sin una fuerza militar capaz de detener el avance unitario. Esto permitió a Mitre consolidar su control sobre la provincia de Buenos Aires y ampliar su influencia en otras regiones del país. La derrota confederal tuvo implicaciones profundas para la estructura política, ya que Urquiza desmanteló efectivamente sus propias fuerzas militares, lo cual obstaculizó cualquier intento posterior de oposición significativa.

El 25 de noviembre de 1861, el Congreso argentino declaró a Buenos Aires como miembro pleno del país, formalizando su reincorporación tras la batalla. Esta decisión sentó las bases para una nueva configuración política en Argentina, con Buenos Aires asumiendo un papel central que modificaría el equilibrio de poder dentro del país.

El peso demográfico y económico de la ciudad de Buenos Aires era tan significativo que amenazaba con desequilibrar las relaciones entre las provincias federadas. Desde la Revolución de Mayo, los porteños mostraron una actitud renuente hacia la participación de diputados del interior en el gobierno inicial, lo cual se intensificó durante períodos de inestabilidad política como los triunviratos y el directorio. Intentos tempranos para centralizar el poder administrativo bajo Buenos Aires, como las constituciones unitarias propuestas en 1819 y 1826, provocaron reacciones firmes por parte del interior, que buscaba prevenir la concentración de autoridad nacional en una sola provincia.

La Constitución Nacional aprobada el 1 de mayo de 1853 designó a Buenos Aires como capital nacional, pero esta decisión fue rechazada por la provincia debido al equilibrio de poderes que implicaría para ella. Como resultado, la provincia se separó del resto de la Confederación y rechazó la federalización de su capital, lo cual llevó a la instalación temporal del gobierno en Paraná, la capital de Entre Ríos.

En los años siguientes, las provincias continuaron luchando para garantizar que Buenos Aires no pudiera ejercer un control directo sobre todo el territorio nacional. La Constitución Nacional estableció claramente que la ciudad sería la sede del gobierno federal, pero esta disposición fue obstaculizada por la oposición de la provincia de Buenos Aires, que temía perder sus privilegios políticos y económicos.

Entre 1863 y 1880, las autoridades federales residieron en Buenos Aires sin tener poder administrativo directo sobre el territorio que ocupaban. Este incómodo acuerdo generó tensiones políticas significativas. En 1874, tras la victoria electoral de Nicolás Avellaneda, los porteños liderados por Bartolomé Mitre se rebelaron contra el gobierno federal. Las fuerzas leales a Avellaneda derrotaron a las insurrectas en las batallas de La Verde y Santa Rosa.

La relación entre Buenos Aires y las autoridades federales continuó siendo conflictiva. El gobernador Carlos Casares reforzó la separación del poder provincial con el federal, mientras que Avellaneda intentó reconciliar ambas partes mediante una amnistía a los rebeldes, medida que no tuvo éxito significativo.

En 1880, cuando las perspectivas de Mitre para alcanzar la presidencia parecían desvanecerse debido al apoyo de Avellaneda a Roca, el nuevo gobernador Carlos Tejedor advirtió sobre la condición de "huésped" del gobierno federal en Buenos Aires.

Cuando el gobierno de Avellaneda anunció su intención de legislar la federalización de Buenos Aires, Carlos Tejedor ordenó movilizaciones militares y formación de milicias para entrenar a los ciudadanos en el manejo de armas. El Congreso sancionó una ley que prohibía a las provincias realizar movilizaciones sin permiso expreso federal, pero Buenos Aires desobedeció. Tras la victoria electoral del 11 de abril, donde Roca ganó ampliamente salvo en Buenos Aires, Tejedor ordenó la adquisición de una gran cantidad de armamento.

Ante esta actitud beligerante, Avellaneda dispuso el traslado del gobierno federal fuera de la ciudad y designó al pueblo de Belgrano como sede temporal. El Senado, la Corte Suprema y parte de la Cámara de Diputados se mudaron allí mientras Roca sitiaba Buenos Aires con sus tropas.

El conflicto fue especialmente violento; después de intensos combates en Olivera, Puente Alsina, Barracas y los Corrales, las fuerzas leales a Tejedor fueron derrotadas. Aunque Mitre había apoyado la insurrección, intervino como mediador para lograr un acuerdo que incluía el desarme de la milicia provincial y la renuncia de Carlos Tejedor.

La génesis del Modelo Agroexportador de Argentina responde de manera directa a la expansión de la Segunda Revolución Industrial en Europa Occidental y Estados Unidos de América a mediados del siglo XIX. La acelerada urbanización e industrialización de países como el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, la Tercera República Francesa y el Imperio Alemán generó un aumento exponencial en la demanda de alimentos a bajo costo para sostener a la creciente población urbana trabajadora, así como de insumos agrícolas para sus manufacturas. Al mismo tiempo, la maduración del capitalismo financiero en las metrópolis creó un excedente de capitales deseoso de colocarse en economías periféricas con altas tasas de retorno mediante empréstitos estatales, infraestructura de transporte y servicios públicos.

En este escenario global, se consolidó la división internacional del trabajo, un sistema donde los países industrializados asumieron el rol de productores de manufacturas avanzadas y poseedores de capital, mientras que los países periféricos se especializaron en la extracción de recursos naturales y la producción agropecuaria. La República Argentina, dotada de las extensas y excepcionalmente fértiles tierras de la Región Pampeana, se posicionó como una de las geografías más aptas para satisfacer las necesidades de alimentos del mercado europeo. La reducción global de los costos del transporte marítimo gracias a la navegación a vapor y el desarrollo de la refrigeración naval permitieron salvar las distancias geográficas y conectar de manera eficiente los campos sudamericanos con los grandes puertos consumidores continentales.

Antes del apogeo del modelo agroexportador a finales del siglo XIX, la economía bonaerense y del litoral rioplatense atravesó diversas etapas de articulación mercantil externa. Durante el período colonial y los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo, la principal actividad de la Provincia de Buenos Aires fue la ganadería vacuna extensiva orientada a la exportación de cueros, sebo y tasajo desde los saladeros hacia mercados esclavistas del Imperio del Brasil y la Capitanía General de Cuba. Este esquema, dominante en la época de Juan Manuel de Rosas, requería escasa mano de obra y una mínima inversión tecnológica, basando la acumulación en el control sobre vastas extensiones de tierra otorgadas mediante la ley de enfiteusis y la consolidación de la propiedad privada.

Hacia la década de 1840 comenzó la denominación del "ciclo del ovino" o la "fiebre del lanar", propiciada por la demanda de textiles para la industria europea y la llegada de inmigrantes procedentes de Irlanda y el País Vasco. La crianza del ovino diversificó la producción bonaerense, exigió un mejoramiento en los campos, un cercado mediante alambrados y una ocupación más densa del territorio. Este ciclo sirvió como puente de transición entre la ganadería criolla arcaica y la agricultura moderna, al tiempo que sentó las bases institucionales y sociales que, tras la sanción de la Constitución Argentina de 1853 y la unificación definitiva del país luego de la Batalla de Pavón en 1861, posibilitarían el posterior despegue cerealero y vacuno refinado.

La plena implantación del modelo agroexportador requirió la construcción de un Estado nacional centralizado capaz de asegurar el orden jurídico, la libre circulación de mercancías y la inviolabilidad de la propiedad privada. Durante las presidencias constitucionales de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el gobierno federal impulsó la unificación de los códigos legislativos, la creación del Banco Nacional, la homogenización del sistema monetario y la pacificación interior mediante el sometimiento de las caudillismos provinciales y la finalización de la Guerra de la Triple Alianza.

Un paso decisivo para expandir la frontera productiva fue la incorporación forzosa de tierras en manos de los pueblos originarios. A través de la campaña militar conocida como la Conquista del Desierto (1878-1885), comandada por el general Julio Argentino Roca, y la posterior Campaña del Chaco, el Estado anexó millones de hectáreas en la Patagonia y la Región Chaquena. Estas tierras no fueron distribuidas de manera igualitaria mediante una colonización de pequeños propietarios, sino que fueron transferidas mayoritariamente a especuladores, grandes terratenientes y jefes militares a través de leyes de remate y pago de deuda pública. Se consolidó así la gran estancia terrateniente como la unidad de producción hegemónica del capitalismo agrario argentino.

La escasez de mano de obra en el inmenso territorio argentino representaba el principal obstáculo para explotar la abundancia de tierras. Para resolver este estrangulamiento, el Estado promovió activamente la llegada de trabajadores extranjeros acogiéndose al mandato constitucional e impulsando la Ley de Inmigración y Colonización de 1876, conocida como la Ley Avellaneda. Entre 1880 y 1914, la República Argentina recibió a más de cuatro millones de inmigrantes, procedentes en su inmensa mayoría del Reino de Italia y del Reino de España, transformando radicalmente la demografía del país y convirtiéndose en la segunda nación receptora de flujos migratorios del mundo, solo por detrás de Estados Unidos de América.

La mano de obra inmigrante se integró al proceso productivo bajo diversas modalidades contractuales. Mientras que una fracción logró radicarse en colonias agrícolas pioneras en la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Entre Ríos, la mayor parte se incorporó en la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Córdoba bajo el régimen de arrendamiento y aparcería por plazos de tres a cuatro años. Los arrendatarios debían roturar la tierra, cosechar cereales y entregar el campo sembrado con alfalfa para la nutrición del ganado bovino refinado de la estancia. Asimismo, se consolidó el fenómeno de los "trabajadores golondrina", jornaleros que viajaban anualmente desde Europa para levantar las cosechas de trigo y maíz aprovechando la alternancia de estaciones.

El tercer factor de producción clave para el funcionamiento del modelo fue la llegada masiva de capital extranjero, hegemonizado por inversiones británicas. El capital de la Compañía del Ferrocarril del Sud, el Ferrocarril Central Argentino y el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico financió el tendido de una de las redes ferroviarias más extensas del mundo. El trazado de las líneas férreas asumió una clara estructura radial convergente hacia el Puerto de Buenos Aires y el Puerto de Rosario, diseñada específicamente para trasladar la producción agrícola desde los campos del interior hacia el litoral marítimo y fluviales para su exportación, al tiempo que distribuía las mercancías importadas europeas hacia el consumo interno.

Junto a los ferrocarriles, la inversión extranjera se canalizó hacia la modernización de la infraestructura portuaria, mediante la construcción de Puerto Madero y el puerto de Bahía Blanca, la instalación de líneas telegráficas, los servicios urbanos de gas y tranvías, y el desarrollo del sistema financiero a través de bancos anglo-argentinos. Estas inversiones no solo integraron territorialmente a la Región Pampeana, sino que reforzaron la dependencia técnica y financiera respecto del mercado de capitales de la City de Londres, consolidando la influencia política y económica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda sobre los resortes estratégicos de la economía nacional.

Participación Argentina en las importaciones mundiales de bienes (en porcentajes):

A partir de la década de 1890, el modelo agroexportador alcanzó su máxima maduración mediante una profunda articulación entre la agricultura de cereales y la ganadería intensiva refinada. El ganado criollo tradicional fue sustituido mediante el cruce sistemático con razas británicas puras de pedgrí como Shorthorn, Hereford y Aberdeen Angus. La necesidad de alimentar a este nuevo ganado de calidad requirió la siembra masiva de alfalfa y la división de los campos mediante alambrados importados, consolidando un sistema de rotación agrícola-ganadera donde los cultivos de trigo, maíz y lino complementaban la producción de carne.

La innovación tecnológica definitiva para el sector ganadero fue la introducción de la industria frigorífica a comienzos del siglo XX. La fundación de establecimientos como los frigoríficos La Negra, Swift, Armour y Anglo en las riberas del Río de la Plata y el Río Paraná permitió la sustitución de la carne congelada por la carne enfriada o chilled beef. Esta tecnología conservaba el sabor y la textura de los cortes de primera calidad requeridos por el consumidor británico. La cadena de valor quedó así estrictamente dividida entre los estancieros criollos "invernadores" —quienes engordaban al ganado en las mejores tierras— y las empresas frigoríficas de capital británico y estadounidense, que ejercían un oligopolio sobre el procesamiento, transporte y comercialización final del producto.

El auge del modelo agroexportador moldeó una compleja estructura social caracterizada por una acentuada polarización y el predominio absoluto de la oligarquía agropecuaria. Representada institucionalmente por la Sociedad Rural Argentina (fundada en 1866), esta élite estuvo integrada por un núcleo reducido de familias terratenientes, financieros y banqueros vinculados al Partido Autonomista Nacional. Este grupo concentró el poder político y económico durante la vigencia del régimen oligárquico de la Generación del 80, practicando el fraude electoral mediante el voto cantado para preservar el control del Estado y garantizar un marco normativo favorable a sus intereses primario-exportadores.

Paralelamente, la llegada de la inmigración masiva dio origen a una nutrida clase media urbana en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, compuesta por comerciantes, profesionales, empleados estatales y pequeños propietarios. El descontento de este sector frente al exclusivismo político condujo a la formación de la Unión Cívica Radical en 1891 y al estallido de revoluciones armadas que culminaron en la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912. En el ámbito rural, la tensión entre los arrendatarios inmigrantes y los grandes propietarios provocó en 1912 la gran huelga agraria conocida como el Grito de Alcorta, la cual dio origen a la Federación Agraria Argentina como entidad defensora de los pequeños y medianos productores. Asimismo, las duras condiciones del trabajo industrial y portuario impulsaron la organización de la clase obrera a través del anarquismo de la Federación Obrera Regional Argentina y del socialismo del Partido Socialista.

Una de las características estructurales del Modelo Agroexportador de Argentina fue la profundización de la brecha económica entre la Región Pampeana y las provincias del interior. El flujo vertiginoso de capitales, la infraestructura de transporte y la mano de obra se concentraron de manera abrumadora en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el Territorio Nacional de La Pampa. Esta hipertrofia litoral convirtió a Buenos Aires en el epicentro financiero, cultural y político del país, alimentando el crecimiento de una metrópolis que miraba hacia Europa e ignoraba las dinámicas del resto del territorio.

Las economías regionales de la Región del Noroeste Argentino, la Región de Cuyo y la Región del Noreste Argentino debieron reestructurarse de forma subordinada para abastecer el mercado interno pampeano generado por el crecimiento urbano. El Gobierno de la República Argentina aplicó medidas proteccionistas específicas para favorecer a la industria azucarera en la Provincia de Tucumán y la Provincia de Salta, así como a la industria vitivinícola en la Provincia de Mendoza y la Provincia de San Juan, conectadas mediante el Ferrocarril Central Norte y el Ferrocarril Gran Oeste Argentino. Sin embargo, las provincias carentes de estas producciones subsidiadas sufrieron el estancamiento económico, la ruina de sus artesanías tradicionales por la competencia de las manufacturas importadas y la emigración constante de su población hacia los puertos del litoral.

El apogeo de la producción agraria a gran escala implicó una radical transformación de los ecosistemas naturales de la República Argentina. Miles de hectáreas de pastizales naturales y bosques nativos de la Región Pampeana y del Gran Chaco fueron deforestados y transformados en tierras de cultivo o pastoreo intensivo. El desmonte en provincias como la Provincia de Santa Fe y la Provincia del Chaco fue impulsado por la demandante necesidad de durmientes de madera de quebracho para las vías férreas y por la extracción de tanino por parte de empresas extractivas multinacionales como The Forestal Land, Timber and Railways Company.

En el plano urbano, el modelo agroexportador convirtió a Buenos Aires en la "París de América del Sur". Las ingentes rentas capturadas por la élite terrateniente financiaron la edificación de opulentos palacios, avenidas monumentales inspiradas en el modelo parisino de Georges-Eugène Haussmann y grandes obras públicas sanitarias y portuarias. La contracara de este esplendor arquitectónico fue la proliferación de conventillos e inquilinatos hacinados en barrios como San Telmo y La Boca, donde miles de familias inmigrantes y trabajadoras vivían en precarias condiciones de salubridad, desencadenando serios problemas de higiene pública y agitación social, como la huelga de inquilinos de 1907.

A pesar del extraordinario incremento del Producto Interno Bruto y de situar a la República Argentina entre las economías con mayor ingreso per cápita del mundo a comienzos del siglo XX, el modelo agroexportador padecía una extrema vulnerabilidad estructural derivada de su estrecha dependencia de las variables externas. La economía nacional carecía de mecanismos de autorregulación y quedaba expuesta inmediatamente a las oscilaciones de los precios internacionales de los bienes primarios, el costo de los fletes marítimos y las políticas proteccionistas o crediticias impuestas por los países compradores.

El primer gran aviso del agotamiento del esquema se produjo durante la Crisis de 1890 o crisis de la firma Baring Brothers, cuando el sobreendeudamiento estatal y la especulación financiera provocaron la cesación de pagos y la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman. Posteriormente, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 paralizó el comercio exterior, desarticuló el flujo de fondos británicos y frenó por completo la llegada de inmigrantes. Aunque la economía se recuperó temporalmente en la década de 1920 impulsada por las exportaciones de carnes enfriadas y la entrada de inversiones de Estados Unidos de América en el sector automotriz y frigorífico, la debilidad del modelo se evidenció definitivamente con la Gran Depresión desatada tras la Caída de la Bolsa de Wall Street en 1929. El colapso de los precios internacionales y la decisión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de cerrar sus mercados mediante el Tratado de Ottawa e imponer en 1933 el controvertido Pacto Roca-Runciman marcaron el fin irreversible de la era agroexportadora ilimitada, obligando al país a iniciar el proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones.

El Modelo Agroexportador de Argentina ha sido objeto de intensos debates entre las diversas corrientes de la historiografía y la ciencia económica. La historiografía liberal y neoclásica, representada históricamente por figuras como Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo, ha destacado el desempeño del modelo como una era dorada de modernización, enfatizando el crecimiento del ingreso per cápita, el aumento de la productividad, la recepción masiva de tecnología e inmigración y la exitosa inserción argentina en los mercados internacionales del siglo XIX.

Por el contrario, el revisionismo histórico, el pensamiento de la teoría de la dependencia sostén por intelectuales como Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la historiografía de matriz marxista sostienen una lectura crítica del proceso. Estos autores afirman que el modelo consolidó un esquema de crecimiento hacia afuera que distorsionó la estructura productiva, impidió un desarrollo industrial temprano, generó una subordinación neocolonial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y concentró la riqueza en una oligarquía terrateniente parasitaria que bloqueó la democratización del acceso a la propiedad de la tierra. La historiografía académica contemporánea, con aportes de historiadores como Tulio Halperín Donghi, Roy Hora, Hilda Sabato y Fernando Devoto, propone explicaciones complejas que evitan las visiones maniqueas, rescatando la enorme capacidad adaptativa de los actores agrarios, las contradicciones entre el crecimiento económico y la desigualdad social, y la continuidad de las presiones estructurales del sector primario a lo largo de toda la historia argentina del siglo XX.